CCOO NIEGA ROTUNDAMENTE QUE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANDALUZA SE INCUMPLAN LOS SERVICIOS ESENCIALES.

CCOO NIEGA ROTUNDAMENTE QUE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ANDALUZA SE INCUMPLAN LOS SERVICIOS ESENCIALES.

El sindicato contesta así al informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que sin aportar la más mínima prueba, afirma de manera inexacta que la reciente normativa de la Junta de Andalucía sobre servicios mínimos “no permite asegurar ni garantizar la debida prestación de los servicios esenciales”.

Viernes, 03 de abril de 2020. CCOO CÁDIZ

Señalar que, en base a ese informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha efectuado requerimiento al Ministerio de Justicia para que se aumente el número de trabajadores y trabajadoras de Justicia en los órganos judiciales de nuestra Comunidad. Mientras más del 90% de los Jueces y Magistrados, desde el inicio de la crisis del coronavirus no pisan las sedes judiciales.

CCOO rechaza contundentemente el informe del TSJA y el requerimiento del CGPJ, por basarse en especulaciones, sin aportar prueba alguna, que denotan el marcado carácter corporativo y conservador de estas instituciones, significan además una injerencia en materias de personal que no son de su competencia.

El sindicato insta a la cúpula judicial a que demuestre con hechos sus afirmaciones y que señalen UN SOLO CASO en los juzgados de Cádiz donde se hayan desatendido los servicios esenciales a causa de la aplicación de la normativa criticada.

CCOO no reconoce a la Comisión de seguimiento del CGPJ, ni a las Comisiones de Seguimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, y por ende al TSJA, ninguna legitimidad para intervenir en la vigilancia ni en la adopción de medidas que afecten a la seguridad y salud del personal no judicial de la Administración de Justicia

CCOO ha reiterado ante el Ministerio de Justicia y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local, responsables de la salud de los funcionarios y funcionarias de Justicia lo siguiente:

 1)Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes que requiere de medidas drásticas para atajarla. Estas medidas consisten fundamentalmente en el confinamiento de la población, reduciendo para ello la actividad al máximo; así como, la restricción al máximo de la movilidad.

2) Hay evidentemente servicios esenciales que no se pueden dejar de prestar y la Administración de Justicia es uno de ellos.

3) En este contexto la asistencia del personal a los centros de trabajo se debe reducir lo máximo posible, pero que permita una atención de los derechos fundamentales de los ciudadanos (servicio de guardia, menores, violencia contra la mujer, inscripciones urgentes Registro Civil …. )  lo más eficiente posible, todo ello en base a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Los servicios mínimos decretados en Andalucía para la Administración de Justicia se ajustan perfectamente a esas recomendaciones y garantizan plenamente los servicios esenciales con la disponibilidad plena de todos los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía, reduciendo la presencia a su justa medida para la atención de lo que es realmente urgente e imprescindible y con la garantía de la incorporación inmediata del personal disponible si fuera necesario.

CCOO, frente a manifestaciones clasistas y temerarias, sin base alguna, que ponen en entredicho ante la sociedad la entrega de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, además de jugar con su salud y la de la población en general quiere hacer constar: 

Los funcionarios y funcionarias de Justicia están realizando una labor encomiable, atendiendo todos los servicios esenciales, casi siempre sin medios adecuados ni equipos de protección suficientes, trabajando más allá de sus responsabilidades, pues a veces aun estando exentos por sus circunstancias personales o familiares acuden en los turnos correspondientes y permaneciendo en continua disponibilidad.

El CGPJ y el TSJA, con su presidente Sr. Lorenzo del Rio, bien harían, desde sus protegidos despachos, en preocuparse por el riesgo de los trabajadores y trabajadoras que les auxilian y en colaborar de manera efectiva en la prestación del servicio público que la Justicia debe proporcionar a los ciudadanos, también en estos duros momentos. En otro caso deberían dejar sus puestos.

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