agosto 16, 2022

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Incumplimiento generalizado de la recogida separada de la fracción orgánica de los residuos municipales

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El 1 de julio entró en vigor la obligación de recogida separada de los biorresiduos, la fracción orgánica de los residuos municipales, con un incumplimiento generalizado por parte de los ayuntamientos gaditanos.

La nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a la recogida separada de la fracción orgánica de las basuras (biorresiduos) a partir del 1 de julio del presente año, bien mediante el sistema puerta a puerta o por el quinto contenedor con control de usuario (contenedor marrón).

A excepción de los municipios de la Sierra de Cádiz, comprometidos en el proyecto de Economía Circular, donde ya están obteniendo un compost de excelente calidad, el incumplimiento de esta obligación legal es generalizado en toda la provincia gaditana.

Al mismo tiempo, la aplicación de la Agenda Urbana 2030 y, en particular, el objetivo 12 –producción y consumo sostenibles–, junto a la contribución a la lucha contra el Cambio Climático, requiere de los ayuntamientos que pongan en práctica los postulados de la economía circular.

Tampoco están haciendo frente a la obligación, contenida también en la Ley, de disponer de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, diferenciada y específica para los residuos, tasa que debe tender hacia el pago por generación. Ello implica la elaboración de nuevas ordenanzas fiscales, en las que la tasa cubra todos los costes de la gestión correcta de los residuos.

Al no hacer frente a este compromiso, inevitablemente la tasa de basura se incrementará, al tener que pagar el nuevo impuesto por vertido, 40 euros la tonelada, de los residuos que no hayan sido objeto de valorización.

Las carencias de los municipios se extienden a las ordenanzas actualizadas de gestión de residuos, mayoritariamente obsoletas, y a no contar con programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población superior a 5.000 habitantes. Y adaptar todos los contratos de prestación de servicios a esta nueva normativa.

Además, los municipios tienen que fijar un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo a su depósito en vertedero queda completamente prohibido.

Y deben renegociar sin demora los convenios leoninos con Ecoembes, asumiendo esta «sociedad sin ánimo de lucro» el coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria, a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos, en base al principio de la responsabilidad ampliada del productor.

Elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada en el plazo de un año, es otra de las obligaciones a asumir por los municipios.

Para rematar esta situación calamitosa, las sanciones (multas coercitivas) de la Unión Europea se sumarán a los costes de gestión, al no alcanzar el 50 % de recuperación de los residuos que exige Bruselas desde 2020 y, de no aplicar con rigor estas obligaciones legales, no conseguiremos tampoco en 2025 la preparación para la reutilización y el reciclado del 55 % en peso, ni del 60 % en 2030, como nos exige la Ley.

Ecologistas en Acción es consciente del desafío enorme que suponen estos compromisos para las entidades locales, con limitaciones en medios técnicos y recursos humanos, pero asumir estos retos es inaplazable, porque su incumplimiento acarreará una subida insoportable de los costes de gestión y, por ende, de los recibos a pagar por la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, emplazamos a las autoridades locales a asumir con presteza estas obligaciones legales, con programas ambiciosos de concienciación para la ciudadanía y revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos. De no actuar con prontitud, las sanciones económicas, el encarecimiento de la prestación del servicio, el pago del impuesto por vertido y el colapso en las plantas de tratamiento mecánico biológico, es el nefasto horizonte que sobrevendrá.